Ley sobre inteligencia artificial.
El 12 de julio de 2024, la Unión Europea publicó en su Diario Oficial el Reglamento (UE) 2024/1689 sobre inteligencia artificial (IA), estableciendo un marco normativo integral para esta tecnología emergente. Este reglamento, que entrará en vigor 20 días después de su publicación y se implementará gradualmente hasta su plena vigencia en 2026, busca equilibrar la innovación tecnológica con la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos.
Objetivos de la Ley sobre Inteligencia Artificial
La nueva normativa se marca como objetivo la promoción y desarrollo de sistemas de IA seguros y fiables en el mercado único de la UE. Además, está orientada a defender el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos y fomentar la inversión y la innovación en Europa.
Clasificación sistemas IA
La normativa clasifica los sistemas de IA según el nivel de riesgo asociado a su uso:
- Riesgo inaceptable: se prohíben sistemas que manipulen el comportamiento humano, realicen puntuaciones sociales o utilicen datos biométricos para clasificar a las personas según características sensibles.
- Alto riesgo: sistemas que requieren cumplir requisitos estrictos, incluyendo evaluaciones de impacto y registro en una base de datos de la UE. Por ejemplo, los modelos de IA generativa, como ChatGPT, deberán indicar claramente si un contenido ha sido generado por IA y garantizar el respeto a los derechos de autor.
- Riesgo limitado y mínimo: obligaciones de transparencia mínimas, como informar a los usuarios cuando interactúan con sistemas de IA.
¿Qué pasa en caso de incumplimiento?
El reglamento también establece sanciones significativas por incumplimiento, que pueden alcanzar hasta el 7% del volumen de negocios anual global de la empresa infractora o 35 millones de euros, dependiendo de la gravedad de la infracción.
Esta iniciativa posiciona a la Unión Europea como pionera en la regulación de la inteligencia artificial, buscando fomentar un entorno seguro y fiable para el desarrollo y uso de estas tecnologías, al tiempo que protege los valores y derechos fundamentales de sus ciudadanos.