Worldcoin, una iniciativa de criptomoneda fundada por Sam Altman, CEO de OpenAI, ha generado controversia debido a su método de identificación basado en el uso de datos biométricos. Este enfoque ha suscitado preocupaciones significativas en torno a la privacidad y la protección de datos personales.
¿Qué es Worldcoin?
Worldcoin propone crear una moneda digital universal que utiliza datos biométricos, específicamente el escaneo del iris, para verificar la identidad de los usuarios. La empresa emplea dispositivos denominados «Orbs» para capturar imágenes del iris, generando un identificador único para cada individuo. A cambio de este escaneo, los participantes reciben una compensación en criptomonedas.
Preocupaciones sobre privacidad y el uso de datos biométricos
La recopilación de datos biométricos tan sensibles como el iris plantea serias inquietudes:
- Riesgo de uso indebido: la posibilidad de que estos datos sean utilizados para vigilancia masiva o con fines no autorizados es una preocupación latente.
- Dificultad para revocar datos: a diferencia de una contraseña, los datos biométricos no pueden ser modificados si se ven comprometidos, lo que aumenta el riesgo en caso de brechas de seguridad.
Reacciones de las autoridades
Diversos organismos han tomado medidas frente a las prácticas de Worldcoin:
Así, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha ordenado la suspensión de las actividades de Worldcoin en España, señalando posibles infracciones al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).
En otros países, como Alemania, también han iniciado investigaciones o restricciones relacionadas con las prácticas de Worldcoin debido a preocupaciones similares sobre la privacidad.
Eliminación del uso de datos biométricos
En respuesta a las críticas, Worldcoin ha implementado medidas como la eliminación de datos biométricos. La empresa afirma haber eliminado voluntariamente los datos biométricos recopilados, utilizando ahora datos anonimizados para sus sistemas de identificación.
La propuesta de Worldcoin destaca la necesidad de equilibrar la innovación tecnológica con la protección de los derechos fundamentales de las personas.